El Canal Interno de Información es un canal seguro de participación y de lucha contra la corrupción, que se crea de acuerdo con la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones administrativas graves y muy graves, así como de acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea.

Este canal incorpora mecanismos que garantizan la confidencialidad de todas las informaciones y ofrece un espacio de comunicación seguro para mantener contacto con la Organización y permitir la interacción con la misma de manera anónima.

Gracias a este canal se posibilita que los empleados públicos y las personas que trabajen para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas y proveedores,  puedan facilitar información sobre casos de fraude o corrupción de los que tenga conocimiento sin sufrir represalias. Además de preservar la identidad de la persona que realiza la comunicación, también se garantizan los derechos de las personas que sean denunciadas.

Para evitar que se haga un mal uso del canal se aplican criterios estrictos para admitir las comunicaciones con la exigencia de responsabilidad civil, penal o administrativa de personas que comuniquen hechos con abuso de derecho o vulnerando el principio de buena fe. Es decir, denuncias falsas o basadas en meros rumores, opiniones personales o hechos poco fundamentados.

La Administración gestora del canal no tiene competencias en las funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial o al ministerio fiscal, ni puede investigar los mismos hechos que han sido objeto de sus investigaciones.